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Por Dr. Eduardo F. Poblete Castillo*

En el mundo globalizado de hoy, en la “Aldea Global”, una figura con los blasones que distinguen a la franquicia, se debe constituir en un orden superior y, más allá de ser un modelo de negocios comercializable, es, como lo denominé desde hace ya algunos años en mi ensayo jurídico: “Evolución de la Franquicia en México”, -“un SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE GESTIÓN, aplicable tanto a las franquicias comerciales, como a las sociales e institucionales; en síntesis: el propósito primario “NO ES HACER PARA VENDER”, como pareciera ser el espíritu que, con una visión limitada y de corto plazo, equivocadamente, se ha impuesto por algunos actores de la industria, a lo largo de los avatares de tan singular figura, en el país, sino “CREAR PARA DESARROLLAR”, y por consecuencia expandir un negocio; tal es la esencia y verdadera razón de ser de la franquicia.”-

Si bien es cierto, la franquicia como modelo de negocio ha demostrado a lo largo de más de cuatro décadas en México, ser el modelo comercial de menores riesgos y mayores posibilidades de éxito; éste, como todo negocio, no está garantizado, pero si puede blindarse para minimizarlos y evitar que ante la aparición de una posible controversia entre las partes que integran el modelo, ya sea el franquiciante, el franquiciatario, los proveedores, o incluso hasta nuestros clientes, no implique que al presentarse ésta, ponga en riesgo su viabilidad, o incluso en el peor de los casos, sea el fin del negocio, por lo que debe contar con los mecanismos de solución de conflictos, adecuados para ello.

En la denominación al tema de este artículo, tres conceptos provocan la necesidad de precisarlos en su justo contexto: el concepto de franquicia en sí mismo, es un modelo de negocios, muy particular e interdisciplinario, por lo que para enfrentar la solución de los posibles conflictos que implica por sí mismo el modelo, se requiere de una alta especialización tanto del mundo de los negocios, como de la propiedad intelectual y del ámbito legal empresarial en su conjunto.

En segundo lugar, el concepto de eficaz, como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, que sin lugar a dudas también, en sentido lato, lo tiene el sistema judicial, con sus limitaciones, y el concepto de acelerado, cuya connotación no ha sido siempre característica de la impartición de justicia en su implicación de pronta y expedita.

 El Arbitraje en el sistema de franquicia, es eficaz, en cuanto a que sobre sus beneficios cabe mencionar la alta especialización de los árbitros y abogados de parte, la economía en tiempo y costos, la flexibilidad, el control por las partes, la neutralidad, la sencillez del procedimiento, la confidencialidad y la competencia; eficacia más en sentido estricto.

La eficacia es el eslabón perdido del sistema judicial, que en el arbitraje acelerado, de baja cuantía o fast track, sí logra concatenación si se atiende a que en el primero, costos y tiempo pueden hacer las diferencias entre los relativos derechos jurídicos de las partes y en el segundo, los mismos costos y tiempos, al ser reducidos casi empatan la fuerza legal de las partes, dan una mayor equidad.

Y es arbitraje acelerado, no solo por su identificación con su acepción gramatical como aumento gradual de la velocidad en un movimiento o acción, que igualmente el sistema judicial, ahora a través de los juicios orales lo contiene, sino porque se corresponde con la vertiginosidad de la vida comercial actual, cuyos cotidianos conflictos, requieren de soluciones rápidas, que no por ello menos eficaces, para coadyuvar con la dinamización de la economía que generan, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas, en el caso particular, los negocios que operan mediante el modelo de franquicias, eslabones determinantes en el encadenamiento de la actividad económica y la generación de empleo, que por sus cuantías, en casos de controversia, son las de mayor demanda del arbitraje acelerado.

La resolución formal de disputas en los tribunales, es costosa en todas las sociedades, dice Mario Cappelletti en el “Proyecto Florencia”; investigación que coordinó publicada en cuatro tomos con el título “El acceso a la justicia: la tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos”.

Siendo el acceso a la justicia un derecho social básico, no hay quien, ante un litigio enfrente como problema una primera preocupación: ¿Cuánto me cuesta ganar, aunque el derecho me asista si el tiempo corre en mi contra y con ello tanto el de por sí alto costo como el aumento del mismo para defenderme me impone el riesgo de perder?

-La posesión de derechos carece de sentido si no existen mecanismos para su aplicación efectiva-

-El acceso a la justicia es igualitario de derecho, más no de hecho-

Las controversias por baja cuantía están íntimamente relacionadas en el universo de la industria y producción de bienes y servicios con las Pymes, particularmente las franquicias, cuya presencia en el mundo ocupan el mayor porcentaje en número de unidades productivas en la economía de los países, con su consecuente generación de empleos.

Así como hay indicativos estadísticos para medir la pobreza como alimentarios, nutricionales, patrimoniales, educativos, y demás; si se llevara a cabo un estudio estadístico sobre la pobreza legal, esto es: falta de acceso a la justicia, por desconocimiento de derechos, falta de recursos, aplicación de la justicia en tiempos no razonables que se convierte en justicia inaccesible para muchas personas, se encontrarían, una vez superados los escollos, los caminos para abatir los demás aspectos de la pobreza.

El arbitraje acelerado en el sistema de franquicias, asumido como instrumento social de la economía, promovido como cultura, y constituido en paradigma de la solución de conflictos, hará de la atención a la baja cuantía, la más alta aportación social en el siglo XXI.

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*Abogado transaccional, árbitro y mediador privado certificado; Con más de 20 años de práctica profesional especializada en derecho colaborativo, comercial, empresarial corporativo e internacional, con enfoque en Propiedad Intelectual, Franquicias, Compliance, Arbitraje Comercial, Mediación, y Gobierno Corporativo. Abogado de parte en procedimientos arbitrales y postulante en materia mercantil y administrativa en áreas de su especialidad.

Experto en arquitectura legal, planeación estratégica, diseño e implementación de proyectos de mecanismos de prevención, blindaje, gestión, y control de riesgos legales y operativos y, mecanismos alternativos de solución de controversias en operaciones legales complejas. Actividad profesional desarrollada en 12 países de Iberoamérica, colaborando para el sector privado, entidades gubernamentales, y organismos internacionales de desarrollo.

Académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Universidad Anáhuac; doctor en derecho.

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