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Bajo el régimen de Porfirio Díaz (1877-1911) México había logrado altas tasas de crecimiento económico, pero ello a costa de un inequitativo reparto de la riqueza y de una creciente dependencia hacia el exterior.

La caída de Díaz fue originada por un enfrentamiento armado, la Revolución Mexicana, que culminó con la promulgación de la Constitución de 1917, la más avanzada en su tiempo, pues fue la primera del mundo en incorporar disposiciones de contenido social.

México no tenía un camino hecho para cumplir con su destino democrático. Había que diseñar las instituciones que le dieran sustento; transitar, paso a paso, sobre vías propias y adecuadas a nuestras condiciones, e imaginar los nuevos derroteros después de cada conquista.

El PNR surge en 1929 como un partido de partidos, de convocatoria amplia, institución donde convergen fuerzas políticas afines pero distintas.

El PNR sería la institución más poderosa para la competencia política; fue entonces el lugar para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha por el poder público; el medio que llevó a la realización de relevos de gobiernos por medio de elecciones y en condiciones de estabilidad.

El amplio acuerdo hizo que el PNR surgiera con un gran predominio, porque en él convergieron los líderes y organizaciones más importantes del país, pero nunca propuso el totalitarismo a través de un Estado que negara la participación de otras fuerzas políticas.

De manera incipiente tuvo lugar un sistema de partidos, junto con el gran dominio del Partido de la Revolución Mexicana -en que se transformó el PNR-, ya que a partir de 1939 surgieron una serie de partidos con ideologías y principios diametralmente opuestos al cambio y a la transformación de la sociedad, caracterizados por su oposición ideológica a los postulados de la Revolución.

En paralelo se desarrollan las normas necesarias para regular y resolver la lucha por el poder, como sucedió en 1918 con la expedición de la primera ley electoral, y más adelante los ordenamientos que mejorarían la organización de las elecciones; la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en 1946 y la Comisión Federal Electoral en 1951. México se ponía al día con las tendencias en la participación democrática del mundo, cuando en 1947 se reconoce el voto de la mujer en las elecciones municipales y en 1953 el derecho de votar y ser votada en cualquier elección.

La estabilidad de entonces iba de la mano con el predominio del PRI (que había sustituido al PRM en 1946); lo uno sin lo otro resulta difícil de imaginar, pero más que ello -en sí mismo no poco- la contribución del Partido estuvo en mirar siempre hacia una mejor democracia, aún cuando esa posición conduciría a elevar las exigencias que él mismo enfrentaba para la preservación y conquista de los espacios de poder público.

Con el PRI en el gobierno y por su compromiso con el destino democrático del país, fue posible superar las tentaciones hacia los autoritarismos de izquierda y de derecha, que aparecieron en el entorno de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Con el PRI se realizaría una transformación de gran profundidad, al dejar atrás la tradición de los gobiernos presididos por militares, para arribar a los de carácter civil, en un proceso sin fracturas ni enfrentamientos.

Un nuevo paso hacia delante hacía necesario llevar la pluralidad de partidos a una pluralidad política en la conformación del gobierno; el trayecto que se iniciaba en 1963 con los diputados de partido, a fin de asegurar que otras fuerzas políticas accedieran al Congreso y con ello se fortalecieran, enriqueciendo la vida política del país. Nuevamente el PRI vislumbra ese sendero y es quien lo lleva a la práctica.

El balance no puede omitir la emergencia de movimientos de inconformidad social suscitados a fines de los cincuenta y en los sesenta, que mostraron las limitaciones del sistema político, así como las contradicciones del esquema de desarrollo del país, con alto crecimiento económico y expansión de los servicios en un marco de estabilidad política y de precios, pero que no resultaban suficientes para una población que crecía a ritmo acelerado. Todo ello mostraba que el régimen político requería cambiar para mejorar su desempeño. Hacia ese punto se orientarían las transformaciones que el PRI alentaría.

El sistema de partidos y la afirmación de la pluralidad política tienen su impulso definitivo con la reforma electoral de 1977.

Es a partir de entonces que los partidos son reconocidos en la Constitución como entidades de interés público. La visión de esa iniciativa priísta no puede ser escatimada ni debe olvidarse; ella tuvo lugar con una oposición que parecía diluirse cuando en 1976 el candidato postulado por el Partido no enfrentó adversario alguno para la elección presidencial. Esa propuesta fue aprobada cuando el viraje hacia las dictaduras de derecha se encontraba en pleno auge en el sur del continente, con sus dramáticos saldos de represión y violación de derechos humanos. En un marco que llamaba al autoritarismo en Latinoamérica, México abrazaba la democracia. Eso lo debemos recordar y de ello nos debemos enorgullecer.

El PRI recorría el trayecto hacia una democracia plural y competitiva, a través de grandes transformaciones en el sistema electoral; fundamentalmente, en torno a las normas para la organización de las votaciones, las características de la institución encargada de ello, el sistema para la calificación de los comicios y la regulación de los partidos como entidades de interés público, con una vida institucional fortalecida a través de las disposiciones legales.

Frente a la crisis electoral de 1988, el PRI miró, una vez más, hacia la democracia. En 1989 se inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminan en 1996; este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios, crearon el órgano jurisdiccional para la calificación electoral y lograron construir bases de equidad entre los partidos políticos en la competencia por el poder público.
En efecto, el PRI logró una permanencia como partido en el gobierno que continuó más allá de lo alcanzado por otros partidos en regímenes democráticos, pero el balance de su gestión es también único si se ubica en el punto de partida de una democracia incipiente, con antecedentes de inestabilidad y fracturas, cercana todavía a los enfrentamientos propios de la etapa revolucionaria y con gran influencia o dependiente de quienes tenían mando de fuerzas armadas.

El punto de partida fue difícil; no menos fue el camino subsecuente, surcado por amenazas y riesgos de distintas fracturas. Con el PRI en el poder, el país registró siempre un comportamiento en línea ascendente hacia la democracia; los desaciertos y equívocos de quienes ejercieron responsabilidades públicas están sujetos a revisión en los términos de las leyes y quien se compruebe que cometió ilícitos debe responder por ello. El PRI se pronuncia por la necesidad de llevar hasta sus últimas consecuencias legales el combate a la corrupción y se deslinda de los militantes que hayan cometido actos de esa índole, pues ponen en entredicho la honorabilidad de los miembros del Partido.

Como partido, el PRI impulsó una mejor vida democrática a través de las normas. Así, se vivió un proceso de nuevos equilibrios generados por una pluralidad cada vez más firme y amplia; ello condujo a combatir los rasgos autoritarios en el régimen político.

La crítica más importante al PRI tal vez no sea sobre el balance de sus realizaciones, sino respecto del ritmo de las transformaciones que impulsó; es evidente que siempre hubiera sido deseable un trayecto más corto en los cambios practicados, pero en el análisis de la política y sus márgenes de maniobra en los casos concretos, queda a discusión responder a la pregunta de si ello era posible.

El PRI y sus predecesores son organizaciones políticas que conjuntaron más de 70 años en el ejercicio del poder público; constituyen, en ese sentido, el actor principal de la hazaña democrática de México, incluso cuando otros flaqueaban o cuando por el cálculo de ganancias parciales e inmediatas, negaron su contribución a las reformas democráticas de México, como sucedió en 1996, cuando otras opciones políticas se opusieron a aprobar modificaciones legislativas de avanzada en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que los legisladores priístas aprobaron sin ser acompañados por los legisladores, de ningún otro partido, después del consenso constituido para lograr las reformas constitucionales de ese año.

No debe olvidarse que cuando otros escatimaron su contribución, el PRI se puso al frente. Explicar ese comportamiento del Partido sólo puede hacerse si se piensa en una auténtica vocación democrática. Hay que reiterarlo, el PRI estuvo en la vanguardia del compromiso con las exigencias de la democracia; otros privilegiaron intereses electorales de corto plazo.
En México tuvo lugar la alternancia política porque había democracia; es falaz y mentiroso pretender que la alternancia del 2000 inaugura la democracia y que estamos en una transición. Esta opinión pervierte la realidad pero es la más conveniente para la derecha que ocupa la Presidencia de la República, pues crea la ilusión de ubicarla al frente de la vida democrática del país.

El PRI acreditó, en los hechos y por décadas, su compromiso con la democratización en la competencia por el ejercicio del poder público. Al hacerlo, fue democratizándose el propio ejercicio del poder y se vencían las tendencias al autoritarismo.
La alternancia del 2000 ocurrió sin necesidad de acuerdos especiales para vencer resistencias o para habilitar el traslado del poder de un partido a otro. No fue así porque había régimen democrático, no fue así porque el PRI actuó con responsabilidad democrática. En buena parte por el PRI, la alternancia ocurrió dentro de un régimen democrático y sin contratiempos, enfrentamientos o rupturas. Eso tampoco lo debemos olvidar.

Los hechos de la historia pudieron ser distintos si las decisiones se hubiesen encaminado por un rumbo diferente al emprendido por el PRI. Lo que se venció y se dejó a un lado fue el riesgo del totalitarismo, de un partido de Estado, de exclusión de los gobiernos civiles, de negación de la pluralidad, la competencia política y la alternancia. Lo que se dejó atrás fue el riesgo de la dictadura; de un proceso rumbo al autoritarismo, en vez de hacia la democracia en el régimen político. En todo ello ha sido fundamental el papel institucional que las fuerzas armadas de nuestro país han jugado a lo largo del siglo XX y en los inicios del siglo XXI. Sin su compromiso y lealtad a las instituciones y sin su labor en los distintos ámbitos de la vida social, el desarrollo político de nuestro país hubiera sido muy distinto.

Sin duda los priístas pudimos haber cometido errores, pero el Partido siempre optó por la democracia y cerró las opciones que hubiesen significado los costos más altos para todos. Porque ya había democracia, México no tuvo que pasar por una transición, y eso no es obra de la casualidad; así lo entendió e impulsó el PRI

El proceso que culminó en un ciclo hacia la democracia plenamente competitiva, con un sistema plural de partidos, mostró el arribo a un destino diseñado por la Constitución de 1917 al definir a México como una República representativa, democrática y federal. En ese sentido, el PRI cumplió con el proyecto de la Revolución Mexicana al comprometerse con el destino democrático que ésta se había propuesto alcanzar. El Partido Revolucionario Institucional luchará permanentemente por la preservación del régimen republicano, democrático, representativo y federal, sustentado en las grandes hazañas históricas liberales plasmadas en nuestra Carta Magna.

Ratificamos el fortalecimiento del sistema de división de poderes; así mismo seguiremos impulsando la integración a los congresos federal y locales de las minorías políticas que tengan un sustento popular, mediante el sistema de representación proporcional, que permite otorgar el espacio político que democráticamente le corresponda a las diversas corrientes de pensamiento que conforman el mosaico ideológico de la Nación Mexicana.

El PRI reivindica su contribución a la democracia; se asume como su principal promotor y compromete su visión para apoyar nuevas reformas que impulsen la democracia, la gobernabilidad y el compromiso social del Estado, así como para afirmar la realización más plena posible de la soberanía, porque ella da su vía de expresión al Estado Nacional Mexicano.
La perspectiva del porvenir pasa por la insistencia en los afanes democráticos a través de la consolidación de los partidos y de una competencia por el poder que privilegie la confrontación y contrastación de propuestas entre las fuerzas políticas y ajuste el papel e influencia del gasto en propaganda; la tarea de gobierno habrá de encontrar un andamiaje legal que le sea propicio, al tiempo que se deberá trabajar en el diseño que permita fincar nuevas capacidades de realización hacia el Estado social, que es la gran deuda del siglo XX, con todo y los avances que significaron los derechos sociales y las instituciones creadas para cumplirlos.

El PRI propone una visión del Estado, que se deriva de los afluentes que han orientado su devenir: el liberalismo de la Reforma, la política social, el nacionalismo, el compromiso por una vida normada por el derecho y la democracia.
El PRI se pronuncia a favor de un Estado democrático comprometido con el respeto irrestricto a las libertades individuales, que busca crear igualdad de condiciones para que cada individuo despliegue sus capacidades y encuentre las oportunidades que requiere para construir su destino; un Estado que crea opciones diferenciadas de desarrollo y que permite que el individuo elija entre alternativas diferentes y así ejerza cabalmente su libertad.

El PRI postula un Estado social, un Estado con claro compromiso con la justicia social, que se empeña en construir las mejores vías para superar los abismos de desigualdad entre grupos sociales, regiones o grupos étnicos; un Estado social que asume como la más grave injusticia la desigualdad fincada en la exclusión, la marginación y la falta de oportunidades; un Estado social empeñado en crear mejores posibilidades de desarrollo y opciones de superación para quienes mayor rezago enfrentan; un Estado social que se rebela a la idea de admitir como destino la pobreza para cualquier grupo de la sociedad y que busca recrear las condiciones del desarrollo de la Nación. De ahí, la vigencia de los valores expresados en el lema del Partido: Democracia y Justicia Social.
El PRI está por un Estado que viva en la ley, fundado en el derecho, como único medio para una convivencia armónica, en libertad y que otorgue certidumbre respecto del comportamiento de las autoridades y el desempeño del poder público promoviendo la justicia.

El PRI considera que el nacionalismo es expresión de la voluntad humana para vivir en comunidad, el derecho a poseer una identidad propia y a disfrutar de los recursos de un determinado territorio. El nacionalismo mexicano ha unido a los habitantes del país, incluso por encima de ideologías, ya que se sustenta en un pasado vivido en común, en una historia que se construyó en la lucha contra las intervenciones extranjeras, en la defensa de la soberanía del Estado y en un proyecto de país surgido de una revolución que se propuso hacer de México un país más justo y en virtud de ello reclamó para sí los recursos naturales. Los símbolos patrios son la expresión misma de nuestro nacionalismo y de nuestras raíces, nos pronunciamos por el respeto que éstos merecen dentro de la ley y por su defensa en contra de las expresiones publicitarias que los denigran y los pervierten.

Cada nacionalismo tiene su propia historia y expresión. El mexicano, a diferencia de otros, nunca pretendió fundarse en la expansión colonial, expandir su territorio o exportar sus principios. El nacionalismo mexicano ha sido, y deberá seguir siendo, pacifista, sin exclusivismos y respetuoso de la diversidad y, a la vez, celoso de la soberanía y opuesto a las hegemonías. Es el nacionalismo de la Revolución Mexicana.

Ese nacionalismo y su expresión, sin embargo, debemos llevarlo hacia delante, confrontarlo con la coyuntura y con la vida misma en la que la Nación está envuelta. Por ello el PRI se propone avanzar en la construcción de un Nacionalismo Democrático. Este deberá insistir en la vigencia de la Constitución Mexicana como una dinámica de cambio inconclusa, ya que existen muchas demandas insatisfechas. El Partido, entonces, deberá realizar una autocrítica de los errores del pasado, pero asumiendo la defensa de principios y demandas revolucionarias que siguen esperando su realización en el México actual.

El Nacionalismo Democrático define y defiende que sin hostilidades, ni exclusivismos, se privilegie la comprensión y solución de los problemas nacionales y así mismo asuma cabalmente, la defensa de nuestra independencia política y económica.
En conclusión, los priístas entendemos por Nacionalismo Democrático el cuerpo ideológico que conjuga la libertad, la igualdad, la democracia y la defensa de la soberanía. Un nuevo nacionalismo incluyente, moderno, firme en la defensa de los intereses populares y nacionales.

En suma, el PRI reivindica la aportación y capacidad que hacia el futuro otorgan cuatro afluentes principales, como lo son el pensamiento democrático-liberal, la justicia social, el orden jurídico como principio de la convivencia civilizada y el nacionalismo; en ese sentido la visión del PRI hacia el Estado es por uno de carácter liberal en lo político, social en sus propósitos y cuya acción siempre esté basada en el derecho; un Estado que honre la Constitución General de la República, como la máxima expresión de la soberanía y del acuerdo político. Un Estado que se realice en la Constitución y una Constitución que se realice a través del Estado.