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Además, ordena al gobierno mexicano la creación de un banco de datos con todos los datos y nombres de los ex braceros y beneficiarios de éstos, a efecto de determinar qué personas tienen derecho al pago del fondo de ahorro.

La autoridad debe otorgar un fondo de identidad con el que otorgue todas las facilidades a los ex braceros y sus beneficiarios para obtener la documentación que necesitan para acreditar su derecho al pago del ahorro.

Ordena al gobierno mexicano a realizar una investigación exhaustiva con su similar de Estados Unidos a efecto determinar los nombres, cuentas y cantidades que ahorró cada uno de los migrantes mexicanos, debiendo rendir cuentas exactas y transparentes respecto del destino de sus ahorros, con la colaboración de los bancos estadunidenses con la finalidad de evitar pretextos al cumplimiento de este punto, bajo el argumento de que derivado de los sismos de septiembre de 1985 se destruyó la documentación.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá gestionar la posibilidad, mediante los consulados en Estados Unidos, de que todos los connacionales que viven en aquel país y tengan calidad de ex braceros o beneficiarios puedan acceder al beneficio del pago del fondo de ahorro.

La sentencia concluye que quien debe rendir cuentas a los ex braceros y sus beneficiarios, de dónde está su dinero y cuál fue su destino, es el Estado mexicano, porque un Estado democrático, constitucional, social y de derecho, no se puede dar el lujo histórico de extraviar dinero que tenía bajo su guarda y custodia, que pertenecía a los más desfavorecidos socialmente, pero menos aun, darles una respuesta incongruente a su petición.