State Attorney General of the State of Michoacán - 58170 Morelia

La obligación de informar y rendir cuentas que nos mandata la ley, la asumimos como una oportunidad para saber en qué momento se encuentra la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con relación a su compromiso fundamental de abatir la impunidad y hacerle frente al reto que impone el delito como fenómeno que agravia a toda la sociedad.

Eso nos lleva a evaluar permanentemente el trabajo que realizan las y los integrantes de la triada investigadora: agentes del Ministerio Público, peritos y policías, conforme a los indicadores que son propios de la función sustantiva dentro de la cadena de la seguridad y de la justicia, que se expresa materialmente en el eslabón de la investigación y persecución del ilícito penal.

El presente informe corresponde al tercer año de actividades de la Institución que represento. Su esquema sigue la estructura del plan que rige nuestra actuación, se da cuenta también de los avances de éste de acuerdo con los principios, objetivos, estrategias, líneas de acción y metas concretas; con el propósito de que los datos que se presentan sean medibles y verificables.

Lo anterior, hace posible el seguimiento de lo realizado desde el primer momento en que se nos otorgó tan elevada responsabilidad, lo cual, también permite identificar la secuencia de las acciones en la línea del incremento en la productividad, así como, los pendientes que lejos de ser un lastre, constituyen un acicate para reforzar nuestras áreas, dotando a las personas servidoras públicas, de los insumos, capacitaciones e incentivos que los lleven a una mayor entrega en su trabajo.

En las siguientes páginas podrán constatar los logros y áreas de oportunidad que enfrenta la Fiscalía General, en donde destaca que durante los tres últimos años hemos mantenido una tendencia ascendente en la judicialización de carpetas. En el 2021 judicializamos 5 mil 781 carpetas de investigación, lo que representa un 18 por ciento más respecto al 2020, año en que se judicializaron 4 mil 958, y un 110 por ciento más, respecto al 2019, en el que se judicializaron 2 mil 744 carpetas.

El aumento en la judicialización se ha reflejado en el incremento en la obtención de mandamientos judiciales. Para el 2021, obtuvimos de los órganos jurisdiccionales 2 mil 734 mandamientos, Esto significó un aumento del 28 por ciento en este rubro, respecto al año 2020.

En el 2021, la FGE obtuvo 325 sentencias condenatorias, lo que representó 139 resoluciones más, respecto al año anterior cuando se obtuvieron 186 sentencias, la mayoría de ellas por delitos de alto impacto, como: homicidio y feminicidio, secuestro, robo de vehículo y lesiones dolosas, entre otras.

Combatir la impunidad a través de la disminución del Archivo Temporal ha sido uno de los objetivos de la Fiscalía desde su establecimiento como órgano autónomo.

Durante el 2021, tuvimos un Archivo Temporal del 24.7 por ciento, es decir 10 puntos porcentuales menos, respecto al 2020, cuando este indicador representó el 34 por ciento de las determinaciones. Esto sitúa a Michoacán por debajo de la media nacional en la determinación del Archivo Temporal, ya que el INEGI, estableció en su Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021, un promedio de 47.9 por ciento.

Durante el 2021 la Fiscalía General, celebró 6 mil 863 acuerdos en sede ministerial, permitiendo acceder de esta forma a una justicia que garantiza la reparación del daño en forma integral y, promovimos la solución de 141 acuerdos reparatorios en sede judicial.

Atendiendo a los principios de despresurización y priorización, desplegamos estrategias para abatir los delitos de alto impacto. A nuestra llegada en el 2019, solamente 19 servidores públicos de la Fiscalía se dedicaban a la investigación y persecución del homicidio. Hoy 290 integrantes de la triada investigadora tienen como su responsabilidad exclusiva la investigación de este delito a través del despliegue de la Unidad para la Investigación del Homicidio Doloso y el Feminicidio en su sede central y unidades regionales.

Asimismo, nuestra Unidad Especializada de Combate al Secuestro sigue siendo referente nacional por sus resultados a favor de las y los michoacanos.

También es importante destacar que durante estos tres años hemos formado 3 generaciones de policías de investigación y una de agentes del Ministerio Público con lo que hemos fortalecido el personal que integra la triada investigadora.

Llevar a las personas ante los órganos jurisdiccionales competentes, sea por citación, comparecencia o detención por cumplimiento de una orden de aprehensión, en la obligación de imputarles el hecho que la ley señala como delito, a fin de que en su caso se les imponga una sanción, es la tarea que realiza un conjunto de personas servidoras públicas en cumplimiento a las atribuciones legales, quienes en medio de la complejidad de su papel; entre situaciones de amenazas y de riesgos, están obligadas a dar lo mejor de sí, para atender la responsabilidad del Estado en el servicio de procurar justicia y hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia en favor de las víctimas.

Como institución, no podemos ser ajenos al llamado de una política nacional para la Construcción de la Paz. Atendiendo a este principio, hacemos patente nuestra actitud para articular esfuerzos con las instancias de la materia, en el orden federal, estatal y municipal, esto sin demérito de nuestra naturaleza autónoma constitucional.

Observar y reconocer los esquemas de la política de coordinación interinstitucional, nos permiten afirmar, sin ambigüedades, que los resultados presentados no serían posibles de no contar con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el Ejército Mexicano; de la Secretaría de Marina y la Armada de México, de la Fiscalía General de la República; del Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional, quienes despliegan en Michoacán, por mandato del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acciones fundamentales para la recuperación de la paz y la estabilidad de nuestra entidad.

Asimismo, el arranque de la administración estatal hacia el último trimestre del año que se informa, significó un reacuerpamiento institucional por el impulso que generan las expectativas de cambio, es así que hemos contado con el respaldo siempre indispensable de las áreas del gobierno estatal para el desarrollo de nuestras actividades, en particular de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad Pública, quienes, en los hechos, traducen la voluntad del Titular del Ejecutivo, Alfredo Ramírez Bedolla, para apuntalar las actividades de la Fiscalía General en beneficio de la población, actitud que le reconozco y públicamente le aprecio.

Por último y no menos importante, expreso mi agradecimiento a las y los integrantes de la LXXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado, recipiendario formal de este Tercer Informe, seguro de que la condición de representación popular que tiene cada una y cada uno de las y los Diputados, es canal de la demanda legítima del pueblo de Michoacán porque la justicia sea una realidad, para que avancemos cada vez más a hacia una sociedad libre de impunidad, para cuyos efectos, es menester el contar con los apoyos presupuestales que se deciden en esta instancia, consciente que a ello debe corresponder nuestra actitud para demostrar con resultados, con transparencia y rendición de cuentas el buen destino de los recursos públicos. Reitero a todas y todos mi consideración y respeto

A tres años de su creación, la Fiscalía General del Estado cumple con su proceso de transición y creación de nuevos esquemas de operación con el propósito de garantizar el acceso a la justicia de las y los michoacanos.

Tenemos la certeza de que los siguientes años serán de mayor avance y crecimiento de esta institución, por lo que, fortalecer la confianza ciudadana respecto a la función sustantiva de la Fiscalía es un objetivo permanente.

A las y los integrantes de la Fiscalía les reconozco su dedicación en estos tres años y les reitero que debemos seguir siendo asertivos y atentos con el dolor e indignación de las víctimas. Al mismo tiempo, garantizar la legalidad de nuestros actos; el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. Todo esto, para abatir la impunidad y crear las condiciones de paz, tranquilidad y desarrollo que Michoacán y su gente demanda.