Tribuna de Querétaro - 76010 Santiago de Querétaro

Los lotes de La Cuadrilla, espacio desalojado en un operativo estatal el pasado miércoles 15 de junio, tuvieron que expropiarse en 1997 y ser redistribuidos debido a que su división original de 1977 “no se encontraba ajustado a la normatividad que en materia de desarrollo urbano», según un decreto publicado en La Sombra de Arteaga el 24 de septiembre de 2003.

El miércoles pasado, fuerzas de los tres niveles de gobierno cumplieron una orden de desalojo en ese asentamiento irregular ubicado sobre una superficie de 13 hectáreas, ubicado en Juriquilla. La versión oficial y testimonios de algunos vecinos coinciden en que una persona les ofrecía la tierra para construir su patrimonio, pero todo resultó ser una estafa.

El paracaidismo y el retiro de más de 200 familias es sólo una parte de la historia del área donada en 1977 a trabajadores de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), durante el mandato de Antonio Calzada Urquiza.

Los 254 lotes pertenecían a la tercera fracción de la exhacienda de Juriquilla. Según el decreto de La Sombra de Arteaga las escrituras públicas se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad. No obstante, en 1997 fue necesario reorganizar el proyecto porque incumplía con disposiciones de desarrollo urbano, particularmente porque los espacios para áreas verdes y equipamiento era menor.

Con la finalidad de regularizar la situación jurídica que prevalecía, “se consideró la necesidad de reestructurar toda el área con un nuevo proyecto de lotificación”, por lo que el 15 de agosto de 1997, el Poder Ejecutivo Estatal emitió un decreto expropiatorio, a través del cual declaraba la expropiación y ocupación a favor del gobierno queretano de 238 lotes de los 254 iniciales.

Fue el 3 de febrero de 1998 cuando el Ayuntamiento capitalino aprobó el acuerdo relativo a la licencia para ejecución de obras de urbanización y adjudicación de los terrenos de “La Cuadrilla Primera Sección” (67 mil 651.49 metros cuadrados) y “La Cuadrilla Segunda Sección” (36 mil 165.75 metros cuadrados), con una superficie total de 103 mil 817.24 metros cuadrados.

El decreto expropiatorio se publicó en La Sombra de Arteaga el 22 de agosto de 1997 y se inscribió en el Registro Público de la Propiedad bajo los folios 54429/1 y 56027/1. En él, se estableció que la indemnización “cubrirá al afectado mediante la transmisión de un lote de igual superficie ubicado dentro del mismo predio expropiado, el cual será transmitido por el Estado a quien acredite fehacientemente ser titular de los derechos de la superficie afectada”.

Posteriormente, el 5 de septiembre de 1997 y con el objetivo de indemnizar a los afectados, se realizó un “sorteo” en el que se asignaron los 238 lotes expropiados por “concepto de pago de indemnización”. De los 238, únicamente 108 fueron titulados; los 130 restantes, con superficie total de 16 mil 869.47 metros cuadrados, quedaron pendientes de titular, pero serían asignados de manera posterior.

Así, el gobierno estatal formalizó la donación de las áreas de equipamiento urbano, las cuales ascienden a un total de 49 mil 216.801 metros cuadrados. Finalmente, la administración de Ignacio Loyola Vera enajenó a favor del Municipio de Querétaro los terrenos de La Cuadrilla, por lo que a partir de ese momento quedaron bajo jurisdicción del gobierno capitalino.

Cabe recordar que, según la información de Tribuna de Querétaro, la Dirección de Catastro no posee datos de los predios en su base de Infraestructura de Datos Espaciales, por lo que es imposible rastrear a sus dueños o comprobar los actos jurídicos que se enunciaron en La Sombra de Arteaga.

Aun sin esta información clara, la Secretaría de Gobierno manifestó su interés por comenzar a construir en los terrenos que le corresponde de manera prioritaria, esto con miras a evitar nuevas invasiones. Lo primero que se edificará, según anunciaron, será una estación de policía en La Cuadrilla.

El fraude

En su mensaje oficial, Guadalupe Murguía Gutiérrez, secretaria de Gobierno estatal, manifestó que el operativo se realizó en cumplimiento a una orden judicial que tuvo su origen en una denuncia por despojo, iniciada en 2018 por docentes de la UAQ. Como parte del proceso fue encarcelado Juan Bailón Centeno, uno de los promotores del asentamiento.

Comentarios de afectados, rescatados por este semanario el día del desalojo, coinciden en señalar que Bailón prometía regularizar la situación jurídica de los terrenos y que, para ello, pedía dinero; hubo quienes dieron hasta 30 mil pesos con la expectativa de asegurar su patrimonio. ‘Juan’ los abandonó, luego surgió Guadalupe Cruz Hernández como nueva líder.

Aunque no mencionaron que ella pidiera dinero para agilizar trámites, sí lamentaron que les abandonó aquel día que representó un despojo para quienes llevaban más de cinco años en la zona y una restitución para dueños legítimos del terreno y sus herederos; estos últimos, contactados con la mediación de la Secretaría de Gobierno y el Sindicato Único de Personal Académico de la UAQ (SUPAUAQ).