Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza - 54500 El Potrero

El Estado de México es, por su posición geopolítica, es una de las entidades federativas que mayor desarrollo socioeconómico ha presentado en los últimos años. A partir de la década de los cuarenta se transformó, de tener como actividad predominante, la agrícola y ganadera, a ser una entidad industrial, de rural se transformó en urbana, constituyéndose en uno de los centros de atracción poblacional más importantes, la cual recibía una población proveniente de todo el país demandante de empleo, servicios, educación y esparcimiento.

En todo este proceso la acción de la Administración Pública Estatal siempre estuvo presente estimulando y orientando el desarrollo, para lo cual definía y replanteaba permanentemente la estructura organizacional del gobierno para que ésta se adecuara a las necesidades que demandaba el acelerado desarrollo estatal.

Durante las décadas de los setenta y ochenta se observa, no sólo un crecimiento importante en el sector central de la administración pública, sino en el sector auxiliar en el cual se ha apoyado el Gobierno como promotor del desarrollo. Con ello, se buscaba dar respuesta a los problemas que planteaba el crecimiento urbano, demográfico, la contaminación ambiental, la regulación de la tenencia de la tierra y el uso del suelo, el fomento agropecuario y forestal, la educación, la cultura, entre otros.

En este contexto, a continuación se describen algunos hechos históricos que dan origen a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

La primera disposición jurídica, en la cual se contempla una forma general de organización estatal, la constituye el decreto del 2 de marzo de 1824 sobre la “organización provisional del gobierno interior del Estado de México”, en el cual se establecía que la forma de gobierno adoptada sería republicana, representativa y popular, dividiéndose para su ejercicio en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Ley Orgánica Provisional para el Arreglo Interior del Estado, publicada el 6 de agosto de 1824, contemplaba atribuciones expresamente encomendadas al Gobernador del Estado, entre ellas, en el ámbito judicial debería cuidar el cumplimiento de la justicia de manera pronta y eficaz.

El 12 de octubre de 1827, se expide el primer “Reglamento Interior para la Secretaría del Gobierno del Estado Libre de México”, en el cual se especificaba la estructura orgánica del Ejecutivo y su administración pública, en forma más detallada. En este Reglamento, del Secretario General de Gobierno dependía el Departamento de Justicia y Negocios, el cual resolvía lo relativo a la milicia activa, todo lo relacionado al ejército permanente y los asuntos de justicia y de negocios con la Iglesia.

En 1897, se crea la Sección de Instrucción Superior y Justicia y en 1905 desaparece esta sección pasando su función a la Sección de Justicia y Archivo.

Es así que, de 1905 a 1907 se dan una serie de modificaciones a la estructura de la Administración Pública Estatal y en este año, en la Ley de Egresos publicada el 6 de febrero de 1918, se contempla una reestructuración administrativa, en el cual aparece el Departamento de Justicia.

Es hasta 1941, cuando se expide el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, siendo el primer ordenamiento que presenta con mayor sistematización y detalle, la forma en que se estructura la Administración Pública Estatal, precisando las funciones encomendadas a cada oficina o departamento. Este Reglamento constituye, de alguna forma, una ley orgánica de las dependencias del Ejecutivo del Estado.

La estructura detallada en el reglamento antes mencionado se dividía en departamentos y oficinas. Dentro del departamento existía el de Gobernación y Justicia, cuyas funciones tenían que ver con seguridad pública, salubridad, gobernación, beneficencia privada, archivo, justicia, etc.

A pesar del reglamento expedido para 1942 y en virtud de la dinámica propia de la administración estatal, se modifica la estructura orgánica y es aquí donde se establece la Procuraduría General de Justicia y el Ministerio Público.

En 1981, se reforma la Administración Pública Estatal, con el objeto de establecer una estructura administrativa equilibrada que distribuyera más equitativamente los asuntos públicos entre los responsables de los diversos ramos.

Por ello, en septiembre de 1981, la Legislatura del Estado, a propuesta del Titular del Ejecutivo del Estado, aprobó una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, que definió una serie de acciones tendientes a iniciar un proceso integral de reforma administrativa.

Producto de la reforma, se crearon nueve secretarias además de la Procuraduría General de Justicia dependiente del Gobernador.

Es así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado y sus unidades administrativas le correspondían las siguientes funciones:

Vigilar el respeto de las leyes por parte de todas las autoridades del Estado.

Informar al Gobernador sobre las leyes y reglamentos que sean contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política del Estado y proponer las medidas necesarias para su corrección.

Dirigir y coordinar las actividades de la Policía Judicial del Estado.

Coordinar su actuación con las autoridades federales en la persecución de los delitos de competencia de aquellas.

Llevar la estadística e identificación criminal.

Formular programas de capacitación para el personal de la Procuraduría y de la Policía Judicial.

En abril de 1999, la Procuraduría General de Justicia solicitó la incorporación de la Coordinación Jurídica y Consultiva, como unidad staff de apoyo directo al Procurador, lo que permitió organizar y controlar las actividades de representación, defensa, asesoría y gestión de los intereses jurídicos de la Procuraduría. Asimismo, en 1992 se creó la Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales.

Considerando que la Procuraduría General de Justicia ha ido cambiando paulatinamente, no sólo en sus atribuciones, sino también en su estructura y con el propósito de hacerla más eficiente y eficaz para el cumplimiento de sus funciones y que la sociedad mexiquense también se ha transformado y prevalece el reclamo de la inseguridad pública; de una ineficiente e irregular actividad policíaca, así como de resultados ineficaces en lo que toca a la actividad del Ministerio Público a quien por disposición constitucional le corresponde la investigación y persecución de delitos, entre otras causas, el 23 de agosto de 2002 se publica una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y, posteriormente, el 6 de marzo de 2003 se publica el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia que regula su organización.

Sin embargo, el 10 de agosto de 2004 se publica en el periódico oficial Gaceta del Gobierno la Ley que crea el Instituto de Servicios Periciales del Estado de México, el cual deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por lo que se hace necesario que desaparezca la Dirección General de Servicios Periciales de la estructura de la Procuraduría.

Actualmente, la Procuraduría General de Justicia está integrada por 102 unidades administrativas, con seis unidades staff, una Subprocuraduría General de Coordinación; una Fiscalía General de Asuntos Especiales; cinco direcciones generales; cinco direcciones de área; ocho subdirecciones; 18 departamentos; cinco delegaciones administrativas y dos Fiscalías Especiales; de manera desconcentrada cuenta con cuatro Coordinaciones Regionales en Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y Netzahualcóyotl; 11 subprocuradurías regionales; cuatro subdirecciones de averiguaciones previas y cuatro de control de procesos; 19 unidad de averiguaciones previas y tres Departamentos de Control de Procesos. De igual forma se encuentra el Instituto de Formación Profesional y Capacitación, el cual está formado por dos subdirecciones y dos departamentos.